El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, ha pedido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que acelere la revisión de un fallo emitido por la Sala Constitucional Primera de Pando, que anuló la preselección de candidatos a cargos judiciales y exigió un nuevo proceso.
Esta solicitud busca una resolución rápida que podría confirmar, modificar o revocar la decisión tomada por la autoridad judicial de Pando, dada la importancia de este asunto en el contexto nacional y su impacto en el proceso democrático de elección de altas autoridades judiciales.
La cancelación de la preselección el pasado 30 de abril se produjo tras una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, quien argumentó que la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 infringía los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en Pando al no incluirlos adecuadamente entre los candidatos.
Los jueces Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, que emitieron el fallo, destacaron la necesidad de adoptar medidas afirmativas flexibles que reflejen las realidades específicas de la región.
El proceso de selección, que ya se encontraba en su fase final de exámenes orales, fue interrumpido el 16 de abril por una medida cautelar de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Esta interrupción ocurrió tras admitir un amparo presentado por Margarita Medrano, una candidata inhabilitada al Consejo de la Magistratura. Según el procedimiento estándar, la resolución de la autoridad jurisdiccional de Pando ahora debe ser revisada por el TCP, que emitirá una sentencia constitucional final.
El Secretario General de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, subrayó la disposición de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para facilitar el diálogo y colaboración necesarios para llevar a cabo las elecciones judiciales de manera ordenada, respetando la independencia y cooperación entre los poderes del Estado.
Por último, señaló la necesidad de abordar formalmente los procedimientos parlamentarios y legales requeridos para asegurar la integridad y legalidad del proceso electoral judicial.