El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo un llamado a todos los actores políticos y al Estado para encontrar una solución ante la continua suspensión del proceso de preselección de candidatas y candidatos a las elecciones judiciales.
Callisaya expresó su preocupación por el posible uso indebido de los mecanismos democráticos y enfatizó la necesidad de que las autoridades políticas y estatales actúen con responsabilidad para resolver esta situación.
La reciente decisión de la Sala Constitucional Primera de Pando, que concedió una tutela de acción popular presentada por la dirigente indígena Yeni Duri, ha generado un nuevo obstáculo en el proceso, ordenando la realización de un nuevo proceso de preselección de candidatos.
La Defensoría del Pueblo ha advertido desde la pasada gestión sobre la importancia de abordar con prudencia el tema de las elecciones judiciales, ya que considera que los mensajes emitidos por los actores políticos no contribuyen al fortalecimiento de la democracia.
En cuanto al análisis político, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, ha afirmado que el Legislativo no es responsable de la anulación del proceso de preselección de candidatos. Huaytari ha denunciado la existencia de obstáculos en la Asamblea Legislativa que impiden la toma de decisiones en beneficio del pueblo boliviano, y ha sugerido que las elecciones judiciales requieren un análisis más profundo.
Esta no es la primera vez que la justicia constitucional interviene en el proceso legislativo, ya que en la gestión pasada se suspendió en dos ocasiones la preselección de candidatos. Ahora, la acción popular presentada por la dirigente indígena Yeny Duri ha detenido el proceso en plena evaluación de méritos.