Entre 2008 y 2020, la gestión de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en el proyecto de litio del salar de Uyuni fue marcada por ineficiencias que amenazaron su viabilidad, según declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.
Se identificaron problemas graves de diseño e ingeniería que, al ser corregidos recientemente, permitieron reorientar el proyecto para evitar más perjuicios económicos al Estado.
Aunque las irregularidades reportadas se centraron principalmente entre 2013 y 2017, la gestión del proyecto abarcó un periodo más amplio y resultó en un daño económico significativo.
Durante ese periodo extendido, la empresa YLB ejecutó inversiones por Bs 4.871 millones, pero los ingresos generados fueron de apenas Bs 98,90 millones, lo que hubiese requerido al menos 50 años para recuperar la inversión inicial.
Esto reflejó una gestión deficiente por parte de las autoridades y funcionarios de aquel entonces, quienes llevaron adelante el proyecto bajo condiciones consideradas inaceptables para cualquier emprendimiento.
Contrastando con la administración anterior, el periodo de 2021 a 2024 muestra una notable mejora bajo la nueva gestión de YLB.
Con una inversión de Bs 1.346 millones durante estos tres años, los ingresos alcanzaron los Bs 1.437 millones, superando la inversión y asegurando una recuperación de capital en un plazo mucho más corto.
Este cambio se atribuye a una gestión más eficiente y responsable, lo que se refleja también en un incremento en la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio durante el mismo periodo.
Adicionalmente, tras una auditoría exhaustiva, YLB ha iniciado acciones legales contra doce de sus exdirectivos y una empresa contratista, derivadas de irregularidades en la construcción de 18 piscinas evaporíticas, cuyo mal estado ha impedido su operación y ha afectado la provisión de materia prima necesaria para la Planta Industrial de Carbonato de Litio, inaugurada recientemente. Esta acción legal busca responsabilizar a los implicados por un daño económico estimado en Bs 425 millones.