La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, está a punto de ser implicada en una investigación en la que su hijo es acusado de ofrecer tráfico de influencias dentro de la institución que ella dirige.
El fiscal Carlos Alarcón se inhibió este lunes de continuar con el caso después de hallar indicios que apuntan a la posible participación de Abad en esta trama. Ahora, será el Congreso quien decida si la investigación sigue adelante, en un contexto donde el Gobierno carece de mayoría y podría perder la votación. El presidente Daniel Noboa, sin embargo, desea que se apruebe la investigación para provocar la destitución de Abad y evitar que ella asuma la presidencia cuando él se presente a la reelección en 2025.
En un vídeo publicado en redes sociales, Alarcón explicó que este nuevo paso en la investigación se debe a la ampliación del testimonio del denunciante y al descubrimiento de nueva documentación relacionada con una contratación directa decidida por Abad. La prueba clave es una información obtenida de una fuente telefónica o de una llamada interceptada a la vicepresidenta, aunque el fiscal no aclaró cuál de los dos métodos fue utilizado.
El caso comenzó hace casi tres meses, el 22 de marzo, cuando la Fiscalía realizó un operativo en las oficinas de la Vicepresidencia en Quito y en las de Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta. Según el Ministerio Público, Barreiro ofreció un puesto de trabajo a cambio de dinero en la institución dirigida por su madre. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Barreiro, quien fue enviado a la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, conocida como La Roca, donde también están recluidos Jorge Glas y los cabecillas de bandas criminales. El hijo mayor de la vicepresidenta fue liberado en mayo tras el pago de una fianza.
Ahora, el fiscal Alarcón ha decidido inhibirse de continuar con el proceso debido al fuero de corte que protege a funcionarios de alto rango. El caso será remitido a la fiscal del Estado, Diana Salazar, quien deberá solicitar autorización al Legislativo para continuar con un posible juicio penal contra Abad. La vicepresidenta se encuentra actualmente en Israel, enviada por Daniel Noboa para participar en la mediación de paz en el conflicto entre Israel y Palestina, aunque se sospecha que esto fue una excusa para apartarla.
El Gobierno ha dejado clara su intención de evitar que Abad asuma la presidencia una vez que Noboa deje el cargo. “Sería nefasto para el país que alguien que no comulga con la visión del presidente asuma el poder”, afirmó el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres. Días antes, Noboa había calificado de “desleal” a Abad, con quien rompió relaciones tras ganar la primera vuelta electoral.
En una entrevista con EL PAÍS desde Tel Aviv, Verónica Abad aseguró que no renunciará a su cargo a pesar de las presiones del Gobierno. “El pueblo ecuatoriano me otorgó esta responsabilidad, lo he cumplido. No voy a renunciar, no pienso hacerlo”, declaró la vicepresidenta.
A pesar de las presiones, Abad podría encontrar apoyo en la Asamblea para evitar un juicio penal en su contra. En el Legislativo se ha configurado un bloque de oposición al Gobierno, compuesto por varios partidos. Noboa ha perdido el respaldo de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, y del Partido Social Cristiano, al que pertenece el presidente de la Asamblea.
Para que la fiscal Salazar continúe con el posible juicio penal contra Abad, se requiere la aprobación de dos tercios del Pleno de la Asamblea, es decir, 92 asambleístas deben autorizar el enjuiciamiento. Además, el Gobierno tiene otras dos opciones para evitar que Abad asuma el poder: un funcionario denunció a la vicepresidenta ante el Tribunal Electoral por campaña anticipada, y Noboa ha solicitado al abogado del Estado la posibilidad de quedarse sin sueldo pero sin abandonar el cargo, aunque aún no ha recibido respuesta. La normativa ecuatoriana prohíbe a los funcionarios públicos ejercer su cargo mientras están en campaña para evitar influencias en las elecciones.