En un giro legal, la Corte Constitucional de Perú emitió el martes una orden de liberación para el expresidente Alberto Fujimori, quien actualmente cumple una condena de 25 años por actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado cuando el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez Manrique, resolvió la noche del mismo martes que el Estado peruano no proceda de inmediato con la liberación.
La resolución de la Corte IDH, fechada el 5 de diciembre, insta al Estado peruano a abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional que dispone la “inmediata libertad” de Alberto Fujimori. El presidente de la Corte IDH explicó que la medida se adopta con el propósito de evitar un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, y se basa en las facultades otorgadas por el artículo 63.2 de la Convención Americana.
La controversia legal se profundiza, ya que la Corte IDH solicita que se evalúen las condiciones establecidas por los magistrados en la resolución emitida el 7 de abril de 2022. Esto agrega una capa de incertidumbre sobre el futuro inmediato de Alberto Fujimori, generando un debate sobre la aplicación de la justicia en un caso que ha marcado la historia reciente del país.
El expresidente, cuya liberación estaba prevista tras la decisión de la Corte Constitucional, ahora se encuentra en una situación de espera mientras las autoridades evalúan el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Corte IDH.