El Gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, ha denunciado que la Alcaldía de La Paz no ha entregado los informes solicitados sobre la situación de las familias damnificadas por el deslave en Bajo Llojeta, ocurrido en noviembre del año pasado. El ministro señaló que, pese a haber solicitado estos documentos desde los primeros días tras el desastre, hasta la fecha no han recibido respuesta, a pesar de los reiterados requerimientos.
“Desde noviembre, diciembre y enero, hemos solicitado el informe sobre el número de familias afectadas, los registros catastrales de las viviendas y la ley municipal que declara la zona en desastre. Han pasado más de dos meses y no hemos recibido nada, solo palabras vacías del alcalde Iván Arias”, afirmó Montaño en una conferencia de prensa.
El Gobierno pidió a la Alcaldía que proporcione el catastro oficial de las viviendas afectadas, para poder intervenir con las empresas encargadas de la reconstrucción de las viviendas. Sin embargo, según el ministro, no ha sido posible obtener dicha información. “Les hemos pedido bajo nota oficial a la AEVivienda que nos envíen la cantidad exacta de familias afectadas, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta”, denunció Montaño.
El equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas ha identificado cerca de 157 familias afectadas por el deslave. Sin embargo, el ministro destacó que la reconstrucción de viviendas no puede avanzar sin el informe oficial de la Alcaldía, ya que este documento es crucial para determinar si las viviendas se reconstruirán en el mismo sector o en otro lugar. Además, enfatizó que cualquier decisión debe ser consensuada con los damnificados.
“Si el alcalde no cumple con entregar los informes, nos veremos imposibilitados de continuar con la intervención. No sabemos si este sector es apto para la construcción de nuevas viviendas o si representa un alto riesgo. Eso debe ser definido por la Alcaldía, ya que es su competencia. Le pedimos al alcalde Iván Arias que cumpla con los informes, ya que los recursos económicos para la reconstrucción de viviendas son gratuitos”, concluyó Montaño.
El 25 de noviembre de 2024, dos días después del deslave, la Alcaldía de La Paz informó que solo un inmueble en Bajo Llojeta cuenta con el registro catastral correspondiente. Según el secretario municipal de Planificación, Diego Chávez, este predio fue registrado en enero de 2023 a raíz de un juicio de usucapión.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, también intervino en la situación y señaló que, según los informes disponibles, al menos el 95% de los damnificados en Bajo Llojeta fueron estafados por loteadores. En este sentido, indicó que el tema debe ser investigado por la Alcaldía y que no será posible iniciar la reconstrucción de las viviendas hasta que se resuelvan los procesos administrativos y penales relacionados.
El 23 de noviembre de 2024, una torrencial lluvia causó un deslave en la zona de Bajo Llojeta, sepultando 40 viviendas y causando la muerte de una niña que quedó atrapada entre el barro. Este trágico evento dejó a muchas familias en situación de vulnerabilidad, lo que ha motivado tanto al Gobierno como a las autoridades locales a trabajar en la reconstrucción de las viviendas afectadas.
Actualmente, más de una decena de personas están siendo investigadas por su presunta responsabilidad en el desastre, incluyendo a los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Achocalla, Manuel Condori, este último detenido en la cárcel de Patacamaya. La investigación apunta a posibles negligencias relacionadas con el otorgamiento de permisos para el movimiento de tierras a la empresa Kantutani.