Susana Ríos, la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, informó ayer que se llegaron a revisar y analizar más de 36 meses de operaciones bancarias de los exfuncionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quienes están en procesos judiciales por hechos de enriquecimiento ilícito y corrupción.
Detalló se vienen verificando todos los movimientos que hicieron Santos Cruz, Johnny S. y la exfuncionaria Viviana B., detenidos de forma preventiva.
“Pedimos un extracto bancario de casi tres años, de las gestiones 2019, 2020, 2021, 2022 hasta el último momento de la gestión 2023. Entonces, son más de 36 meses analizados, operación por operación, dato por dato, monto por monto”, aseguró la autoridad.
Si bien no se puede presumir que todas las operaciones que realizaron sean ilícitas, toda la documentación, como los registros en Derechos Reales, en las AFP y otros documentos, serán valoradas.
La pesquisa a cargo de esa cartera de Estado comenzó el 30 de enero, luego de que las denuncias sean públicas. Una vez activado el proceso de investigación por parte de Transparencia, se descubrió la presunta participación del sobrino del exministro Santos Cruz y la exfuncionaria Viviana B., en lo que catalogó como presuntos actos de corrupción.
El 15 de febrero, Claudia Cortez se apersonó a las oficinas de Transparencia para confesar a las autoridades que ella era quien pactaba con las empresas los sobornos. Entregó documentación sobre el registro de las cuentas bancarias de empresas y las impresiones de algunos chats.
Con esa declaración, considerada imprecisa por la falta de evidencia, se dio inicio a las pesquisas y se pidió la información bancaria de los involucrados en el caso. Mientras les llegaba la documentación, analizaron los movimientos bancarios y evidenciaron que ciertos nombres se repetían con frecuencia, lo que llamó la atención de los investigadores.
“Nos llamó la atención la situación de estos cinco bienes inmuebles, por lo que se fue a la ciudad de Pando. Además, la señora Viviana B. había comprado más o menos un valor de $us 100 mil (Bs 660 mil) en material de construcción; esto lo reportó el Servicio de Impuestos Nacionales a requerimiento nuestro”, detalló la autoridad.