Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Estado argentino transferir su participación mayoritaria del 51% en la petrolera YPF como parte del cumplimiento de una sentencia judicial por 16.100 millones de dólares, derivada de la expropiación realizada en 2012 sin ofrecer compensación adecuada a accionistas minoritarios.
La decisión fue dictada por Loretta Preska, jueza superior del Distrito Sur de Nueva York, quien estableció que en un plazo de catorce días Argentina deberá depositar las acciones expropiadas en una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon).
Preska resolvió que no era necesario presentar argumentos orales adicionales a los documentos ya ingresados en el expediente, cerrando así una etapa clave del proceso legal.
La causa se remonta a 2023, cuando la misma jueza falló contra Argentina por haber nacionalizado el 51% de YPF —hasta entonces propiedad de la española Repsol— sin cumplir con el requisito legal de realizar una oferta pública a otros accionistas. Esta omisión fue considerada una violación del estatuto de la empresa y de los derechos de los tenedores minoritarios.
El impacto de la noticia fue inmediato: las acciones de YPF cayeron casi un 5% en Wall Street tras conocerse el fallo.
Desde el Ejecutivo argentino, el presidente Javier Milei se pronunció en redes sociales con una crítica directa al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, responsable de la expropiación en 2012:
“Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina.”
Este nuevo revés judicial reabre el debate sobre las consecuencias de decisiones económicas unilaterales y la vulnerabilidad jurídica del Estado argentino ante tribunales internacionales.