El Tribunal Supremo Agroambiental, con sede en Sucre, autorizó de manera excepcional el funcionamiento del relleno sanitario de K’ara K’ara, en Cochabamba, por un periodo adicional de siete meses, hasta diciembre de 2025. La medida busca contener la crisis por el manejo de residuos sólidos en el municipio, aunque ha generado un fuerte rechazo por parte de los comunarios del sector, quienes exigen el cierre técnico de la celda M2-3 por presuntos riesgos ambientales.
La resolución judicial también impuso una sanción económica de Bs 800 a la jueza agroambiental de Cochabamba, Ilenka Soliz de la Quintana, por irregularidades detectadas en la tramitación del caso. A pesar del fallo, los vecinos de K’ara K’ara anunciaron que no permitirán el ingreso de basura y advirtieron que no acatarán la disposición, insistiendo en que el lugar debe transformarse en una zona ecológica.
Desde la Alcaldía de Cochabamba, el director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, lamentó la falta de visión para industrializar los residuos y calificó el conflicto como un problema estructural y de larga data. “El tema de la basura ha sido usado como herramienta de presión política. Ahora, el Estado debe garantizar el cumplimiento de la resolución judicial”, declaró.
En respuesta, el abogado de la OTB Ichocollo K’ara K’ara, Juan Carlos Montaño, señaló que el municipio tiene la obligación de acatar la normativa ambiental y llamó a una mesa de diálogo inmediata entre todos los municipios del departamento para buscar una solución definitiva a la crisis.
Actualmente, la Alcaldía ha contratado a más de tres empresas para el tratamiento de la basura, pero la falta de infraestructura y de coordinación interinstitucional continúa agravando la situación, que amenaza con convertirse nuevamente en un conflicto de mayor envergadura si no se actúa con prontitud.