El Ministerio Público de Bolivia presentó este lunes la imputación formal contra el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, por la presunta comisión de los delitos de alzamiento armado y resoluciones contrarias a la Constitución. La imputación está relacionada con su participación en la asonada militar del 26 de junio de 2024, cuando Zúñiga encabezó un intento de golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Luis Arce.
En el documento enviado al Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal del Tribunal de Justicia de La Paz, se detallan los cargos por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Estos delitos están tipificados en los artículos 133 y 131 del Código Penal Boliviano, y Zúñiga enfrenta los cargos en grado de complicidad.
Actualmente, Zúñiga se encuentra recluido en el penal de El Abra, en Cochabamba, cumpliendo detención preventiva por su participación en los hechos del 26 de junio, cuando, junto a un grupo de militares armados, intentó tomar la Plaza Murillo en La Paz y tomar el Palacio de Gobierno. El presidente Luis Arce intervino de inmediato para frenar la maniobra, ordenando el repliegue de los efectivos militares. Sin embargo, Zúñiga se insubordinó y desobedeció la orden presidencial, lo que llevó a un cambio en el Alto Mando Militar y al cese de los efectivos movilizados. Este hecho fue calificado por el gobierno como un “golpe de Estado fallido”.
El caso de Zúñiga también ha estado marcado por controversias adicionales. Hace dos semanas, el excomandante concedió una entrevista a un medio argentino, utilizando un celular dentro del penal, lo que está prohibido para los privados de libertad en cualquier recinto carcelario del país. En consecuencia, Zúñiga fue aislado del resto de la población carcelaria, aunque una tutela presentada por su abogada, Silvia Tapia, logró que se dejara sin efecto dicha sanción.
El Ministerio Público, en conjunto con las autoridades judiciales, continuará con el proceso para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia en este caso, mientras Zúñiga enfrenta cargos graves por su participación en los intentos de desestabilización del orden constitucional.