Un juez de La Paz dictó este lunes la detención domiciliaria con derecho a trabajo para el secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, quien está siendo investigado por su presunta responsabilidad en el deslave ocurrido en Bajo Llojeta, el 23 de noviembre de 2024, que dejó al menos 40 viviendas anegadas y lamentablemente causó la muerte de una niña.
La medida, además, incluye el pago de una fianza de Bs 35.000 y la obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días. Palma es acusado por los delitos de estragos, peligro de estrago e incumplimiento de deberes, entre otros.
Tras la audiencia, la directora Jurídica de la Alcaldía de La Paz, Amparo Morales, informó que, tras escuchar las exposiciones de la defensa, el Ministerio Público y una abogada representante de las víctimas, el juez determinó la detención domiciliaria con derecho a salidas laborales. “Hemos estado desde las 15.00. Se han realizado las exposiciones tanto del Ministerio Público, una abogada en representación de algunas víctimas y nuestra defensa. Sin embargo, el juez, luego de haber valorado todas las exposiciones, ha determinado esta medida”, comentó Morales.
La comisión de fiscales que investiga el caso dispuso la aprehensión de Palma el pasado viernes, después de que este prestara declaración ante la Fiscalía.
La directora Jurídica explicó que se presentó una apelación a la decisión judicial. “No estamos de acuerdo con esa decisión, ya que creemos que no se sustentó adecuadamente en los elementos presentados durante la audiencia. Además, el Ministerio Público ha señalado un riesgo procesal relacionado con la obstaculización, un riesgo que consideramos no estaría incurriendo el ingeniero Palma”, agregó Morales.
Por el momento, Palma continúa hospitalizado debido a una descompensación que sufrió el mismo día de su traslado a celdas policiales.
Cabe recordar que el deslave en Bajo Llojeta afectó gravemente a la zona, especialmente en el sector del Cementerio Los Andes, donde una niña perdió la vida a causa de la mazamorra producto del movimiento de tierras. Este desastre también dejó a decenas de personas damnificadas.
En relación con este caso, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, se encuentra actualmente encarcelado, mientras que se espera la extradición de Luis Iturralde, dueño de la Inmobiliaria Kantutani, quien se encuentra bajo detención domiciliaria en Perú.