El Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Luis Arce, ha propuesto la realización de un referendo para abordar tres temas fundamentales: la redistribución de escaños parlamentarios, la reelección presidencial continua o discontinua, y la continuidad de la subvención de hidrocarburos. Según informó el ministro de Justicia, Iván Lima, las consultas para este referendo pasarán por un control del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para asegurar un proceso legal y transparente.
En su mensaje por los 199 años de independencia de Bolivia, Arce planteó la necesidad de realizar este referendo en conjunto con las elecciones judiciales, con el fin de aprovechar la coyuntura electoral para definir estos temas críticos. Aunque por ley el presidente tiene la facultad de convocar un referendo mediante decreto, el Gobierno busca un enfoque más participativo, analizando si se requiere una ley para formalizar la convocatoria y promoviendo un diálogo amplio con la ciudadanía.
El ministro Lima explicó que se ha consultado al TCP sobre cuál debería ser el marco legal más adecuado para llevar adelante este referendo, y se ha invitado a la Asamblea Legislativa a participar en el proceso. Sin embargo, subrayó que no se permitirá que el proceso sea secuestrado por intereses políticos. Además, Lima enfatizó que el referendo no será una imposición del Ejecutivo, sino que será el resultado de un gran diálogo nacional que incluirá a todos los actores políticos y sociales.
Por otro lado, el Pacto de Unidad, que agrupa a organizaciones sociales del país, calificó como acertada la convocatoria del referendo. Sus representantes consideran que esta consulta permitirá al pueblo boliviano decidir de manera soberana sobre temas que afectan directamente la situación política y económica del país, como la subvención de los hidrocarburos, que en la actualidad está siendo explotada por el contrabando.
El referendo ha generado controversia, especialmente por la inclusión de la reelección presidencial en la consulta. El expresidente Evo Morales ha criticado la medida, sugiriendo que se trata de un “cálculo político” para inhabilitarlo en futuras elecciones. Sin embargo, el ministro Lima rechazó estas acusaciones, afirmando que el referendo no responde a intereses políticos, sino que busca dar la “última palabra al pueblo” sobre estos temas, evitando así conflictos internos.
En resumen, el Gobierno boliviano avanza hacia la organización de un referendo que busca resolver cuestiones cruciales a través del voto popular, con la esperanza de que el proceso fortalezca la democracia y evite divisiones en el país.